Totalmente a escombros fueron reducidos las estructuras de un complejo habitacional que nunca fe y que habían sido levantadas hace veinte años.
El secretario de Gobierno dijo que así consta en el Registro de la Propiedad. El titular de Obras Públicas, arquitecto Pinedo, dijo que la intervención municipal solamente se limitaba al derrumbe de las estructuras y mantenimiento del terreno. Las 14 familias fueron reubicadas en cercanías del barrio “La Unión”.
A partir de la determinación adoptada por el municipio de demoler las viejas estructuras de edificios que estaban ubicadas detrás de la escuela 8, en Ramón Hernández y José Hernández, el secretario de Obras y Servicios Públicos municipal, arquitecto Agustín Pinedo expresó que el rol del Ejecutivo comunal “se limita a la demolición, porque estamos ejerciendo el poder de policía que tiene el municipio. Se ha hecho a través de un estudio previo, con pericias de ingenieros, los que constataron el peligro de colapso que tenían esos edificios y que hasta podrían causar pérdidas de vida, ya que había personas viviendo allí”.
“Procedimos –agregó- a desalojar primero la gente, reubicarlas y luego demoler, ante el peligro inminente de derrumbe que puede ocasionar daños a terceros. Esa es nuestra intervención y a eso se limita”.
Pinedo siguió diciendo que “en función de que debemos mantener el orden y limpieza del predio, periódicamente iremos a cortar el pasto en ese sector y mantenerlo limpio. Veremos de qué manera ubicaremos al titular del terreno, para resarcir económicamente el esfuerzo que hace el municipio.
El funcionario comunal negó que el municipio tuviera intención de adquirir esos terrenos. “Simplemente –reiteró- hicimos la intervención ante la inminencia del derrumbe. La comuna tiene un poder de contralor y de policía, con la obligación de intervenir para prevenir daños que se puedan causar a terceras personas. Se obró de esa manera y allí termina la intervención nuestra”.
Traslado de las familias
Sobre las 14 familias que vivían en el lugar, el arquitecto Pinedo contó que “estábamos construyendo unas viviendas en Camino del Resero, en terrenos de propiedad municipal, en cercanías del barrio “La Unión”. Había seis viviendas terminadas, porque a partir de relevamientos que habíamos hecho teníamos entendido que eran sólo seis familias pero apareció una más y era tan numerosa que tuvimos que desboblarlas y las ubicamos en algunas viviendas a las cuales les faltaban algunos detalles de terminación pero ya estamos trabajando a pesar de estar ocupadas y ellos han manifestado su interés en colaborar”.
El secretario de Obras Públicas destacó que el traslado de dichas familias “fue totalmente pacífica y conversada” a la vez que ponderó “la calidad de vida que tendrán estas personas a partir de ubicarse en estas nuevas viviendas, que si bien son humildes, son dignas y no seguirán en la situación que estaban en esos edificios que era, de alta precariedad”.
Aspecto legal
Por su parte, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Junín, doctor Mauro Gorer señaló que “los lotes donde se encontraban las edificaciones en estado de ruina, pertenecen registralmente a la Asociación Mutual Junín de Ferroviarios, según el Registro de la Propiedad. Desconocemos si había algún tipo de contratación o adjudicación a favor de terceros”.
También coincidió con conceptos del arquitecto Pinedo, al decir que “en virtud del poder de policía que tiene el municipio bregando por una ciudad más limpia y ordenada, además de la seguridad pública porque los edificios amenazaban ruina. Ante esto, realizamos todos los actos administrativos para poder llevar a cabo la demolición”.
Expresó que “fue notificada la Asociación Mutual, desde donde se nos dijo que la guarda de la obra y su custodia, no era responsabilidad de ellos, deslindando responsabilidades en el Banco Hipotecario Nacional, que también fue notificado el municipio pero se nos respondió que no tenían ninguna documentación que los obligara a detentar dicha guarda”.
“En el marco de las actuaciones administrativas, el municipio procedió a la demolición de los edificios que amenazaban ruina”, señaló Gorer quien anticipó que se percibirá el cobro de los gastos por los trabajos efectuados a la Asociación Mutual Ferroviaria que “es el responsable registral de esos lotes”, expresó.
En declaraciones radiales y al ser consultado sobre si la Asociación Mutual ferroviaria existe como tal, respondió Gorer que “hicimos notificaciones fehacientes. Hubo dos personas, el secretario general y tesorero, que fueron notificados y contestaron”.
Aclaró que el municipio no actuará contra “quienes pueden llegar a ser los perjudicados por el no cumplimiento contractual entre los beneficiarios de esos lotes y la Mutual. Es algo que desconocemos. No podemos ir contra esas personas porque no tenemos documentación respaldatoria, ya que esos lotes figuran a nombre de la Asociación Mutual Ferroviario”.
En caso de no cumplir con el pago exigido, Gorer sostuvo que “el municipio verá, hipotéticamente, si compensa en subasta o no, pero bregamos por llegar a un acuerdo y porque esos lotes se mantengan limpios, a la vez que la Asociación Mutual puedan llegar a un acuerdo con quienes fueron los beneficiarios, para readjudicarles esos lotes”.
“El municipio no quiere, para nada, quedarse con esos terrenos sino que debe bregar por la limpieza y el cuidado de los mismos”, insistió.
Los departamentos que no fueron
Según el relato de vecinos y adjudicatarios de estos edificios que nunca llegaron a terminarse, a medios de comunicación locales efectuados en la última semana, algunos de los contratos fueron hechos el 30 de octubre de 1987 en la Asociación Mutual Ferroviaria.
Según esos convenios, una vez entregado el departamento, el 80% se hacía cargo el Banco Hipotecario y el 20% se debía abonar a la Asociación Mutual Ferroviaria pero antes se debía abonar el lote, siempre según el relato de representantes de quienes nunca llegaron a ocupar esos departamentos, porque jamás se terminaron.
“Procedimos –agregó- a desalojar primero la gente, reubicarlas y luego demoler, ante el peligro inminente de derrumbe que puede ocasionar daños a terceros. Esa es nuestra intervención y a eso se limita”.
Pinedo siguió diciendo que “en función de que debemos mantener el orden y limpieza del predio, periódicamente iremos a cortar el pasto en ese sector y mantenerlo limpio. Veremos de qué manera ubicaremos al titular del terreno, para resarcir económicamente el esfuerzo que hace el municipio.
El funcionario comunal negó que el municipio tuviera intención de adquirir esos terrenos. “Simplemente –reiteró- hicimos la intervención ante la inminencia del derrumbe. La comuna tiene un poder de contralor y de policía, con la obligación de intervenir para prevenir daños que se puedan causar a terceras personas. Se obró de esa manera y allí termina la intervención nuestra”.
Traslado de las familias
Sobre las 14 familias que vivían en el lugar, el arquitecto Pinedo contó que “estábamos construyendo unas viviendas en Camino del Resero, en terrenos de propiedad municipal, en cercanías del barrio “La Unión”. Había seis viviendas terminadas, porque a partir de relevamientos que habíamos hecho teníamos entendido que eran sólo seis familias pero apareció una más y era tan numerosa que tuvimos que desboblarlas y las ubicamos en algunas viviendas a las cuales les faltaban algunos detalles de terminación pero ya estamos trabajando a pesar de estar ocupadas y ellos han manifestado su interés en colaborar”.
El secretario de Obras Públicas destacó que el traslado de dichas familias “fue totalmente pacífica y conversada” a la vez que ponderó “la calidad de vida que tendrán estas personas a partir de ubicarse en estas nuevas viviendas, que si bien son humildes, son dignas y no seguirán en la situación que estaban en esos edificios que era, de alta precariedad”.
Aspecto legal
Por su parte, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Junín, doctor Mauro Gorer señaló que “los lotes donde se encontraban las edificaciones en estado de ruina, pertenecen registralmente a la Asociación Mutual Junín de Ferroviarios, según el Registro de la Propiedad. Desconocemos si había algún tipo de contratación o adjudicación a favor de terceros”.
También coincidió con conceptos del arquitecto Pinedo, al decir que “en virtud del poder de policía que tiene el municipio bregando por una ciudad más limpia y ordenada, además de la seguridad pública porque los edificios amenazaban ruina. Ante esto, realizamos todos los actos administrativos para poder llevar a cabo la demolición”.
Expresó que “fue notificada la Asociación Mutual, desde donde se nos dijo que la guarda de la obra y su custodia, no era responsabilidad de ellos, deslindando responsabilidades en el Banco Hipotecario Nacional, que también fue notificado el municipio pero se nos respondió que no tenían ninguna documentación que los obligara a detentar dicha guarda”.
“En el marco de las actuaciones administrativas, el municipio procedió a la demolición de los edificios que amenazaban ruina”, señaló Gorer quien anticipó que se percibirá el cobro de los gastos por los trabajos efectuados a la Asociación Mutual Ferroviaria que “es el responsable registral de esos lotes”, expresó.
En declaraciones radiales y al ser consultado sobre si la Asociación Mutual ferroviaria existe como tal, respondió Gorer que “hicimos notificaciones fehacientes. Hubo dos personas, el secretario general y tesorero, que fueron notificados y contestaron”.
Aclaró que el municipio no actuará contra “quienes pueden llegar a ser los perjudicados por el no cumplimiento contractual entre los beneficiarios de esos lotes y la Mutual. Es algo que desconocemos. No podemos ir contra esas personas porque no tenemos documentación respaldatoria, ya que esos lotes figuran a nombre de la Asociación Mutual Ferroviario”.
En caso de no cumplir con el pago exigido, Gorer sostuvo que “el municipio verá, hipotéticamente, si compensa en subasta o no, pero bregamos por llegar a un acuerdo y porque esos lotes se mantengan limpios, a la vez que la Asociación Mutual puedan llegar a un acuerdo con quienes fueron los beneficiarios, para readjudicarles esos lotes”.
“El municipio no quiere, para nada, quedarse con esos terrenos sino que debe bregar por la limpieza y el cuidado de los mismos”, insistió.
Los departamentos que no fueron
Según el relato de vecinos y adjudicatarios de estos edificios que nunca llegaron a terminarse, a medios de comunicación locales efectuados en la última semana, algunos de los contratos fueron hechos el 30 de octubre de 1987 en la Asociación Mutual Ferroviaria.
Según esos convenios, una vez entregado el departamento, el 80% se hacía cargo el Banco Hipotecario y el 20% se debía abonar a la Asociación Mutual Ferroviaria pero antes se debía abonar el lote, siempre según el relato de representantes de quienes nunca llegaron a ocupar esos departamentos, porque jamás se terminaron.
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